El CEO de Wenance fue procesado con un embargo millonario por presunta megaestafa

Alejandro Muszak, principal imputado en el expediente a cargo de la jueza Paula González y la fiscal Mónica Cuñarro, está acusado de una estafa de 1800 millones de pesos y más de 7 millones de dólares.

Este viernes, Alejandro Muszak, CEO del grupo de firmas Wenance, enfrentó un duro revés judicial. La jueza Paula González lo procesó como líder de una asociación ilícita acusada de 524 estafas financieras. Además, lo embargó por $9 mil millones de pesos, según fuentes judiciales citadas por Infobae. En la investigación participa la fiscal Mónica Cuñarro.

Aunque meses atrás se le había concedido la eximición de prisión, González ahora lo procesó sin prisión preventiva, imponiéndole una caución real de $500 millones. Muszak tiene cinco días hábiles para abonar esta suma bajo apercibimiento de arresto inmediato, sumándose a los $175 millones impuestos previamente por otra causa iniciada en 2017.

Actualmente, Muszak se encuentra detenido en la Unidad N°28 de Magdalena por orden del fiscal Alejandro Guevara, quien solicitó su elevación a juicio junto a seis cómplices, incluyendo a Rodolfo Cleto García, Juan Arnaldo Silvero, Paola Adriana Vallone, Pedro Luis Viggiano y Anahi Claudia Cristina Mazalán. 

En esta causa, se los acusa de liderar una asociación ilícita que perpetró 23 estafas con un esquema Ponzi, ofreciendo intereses anuales de hasta un 12 a 14%, atrayendo inversiones desde agosto de 2022 hasta mayo de 2023.

En otro expediente, la Justicia de San Isidro le concedió la excarcelación a Muszak bajo una caución significativa, ofreciendo propiedades en garantía, pendiente de evaluación.

García, Vallone y Viggiano también fueron procesados por González como parte de la asociación ilícita, con embargos de hasta $4 mil millones y la misma obligación de abonar sumas para evitar la prisión preventiva.

En su fallo, la jueza González aseguró que sus víctimas “les confiaron dinero en moneda nacional y extranjera (dólares y euros) bajo las figuras de contratos de mutuo, préstamo e inversiones en distintos fideicomisos (instrumentados por VDFs y certificados globales), con la promesa de ser invertidos y retornado a cambio del pago de atractivas tasas de interés, que oscilaban en pesos entre el 90% y el 150 % y en dólares del 14% aproximadamente”.

“Sin embargo, a partir del mes de junio de 2023 dejaron de abonar los intereses pactados y tampoco devolvieron el capital invertido. Para ello se valieron de un complejo entramado societario que les permitió, el despliegue de estas maniobras orientadas a perjudicar a los damnificados, en beneficio propio y/o de terceros. Estas acciones ocasionaron un perjuicio cuyo monto global arribaría a la suma de $ 1.850.925.603,74 (pesos), la suma de U$S 7.000.270,52 (dólares estadounidenses) y y la suma de € 117.292 (euros) correspondiente al capital invertido”, completó.

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