Crearon la primera empresa con aporte de capital en criptomonedas
La Inspección General de Justicia aprobó la creación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) financiada con bitcoin y USDC, marcando un hito en la incorporación de activos digitales en el capital empresarial.
Las criptomonedas están ganando terreno y comenzando a ser reconocidas institucionalmente en Argentina. Este martes, la Inspección General de Justicia (IGJ) aprobó la creación de la primera Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) con parte de su capital integrado por bitcoin y USDC (una moneda digital estable con paridad uno a uno con el dólar), marcando un hito en América Latina.
La iniciativa se originó el 12 de abril, con la constitución de la SRL de Lawbook, un negocio dedicado a la impresión de libros de colección. El estudio de abogados Allende & Brea solicitó a la IGJ la posibilidad de aportar capital en criptomonedas.
Aunque no estaba expresamente prohibido, había incertidumbre sobre los activos digitales, que se clasificaban como bienes en especie, similares a inmuebles, obras de arte o vehículos. Esta situación se aclaró a través de un esfuerzo conjunto entre abogados, contadores, escribanos, billeteras cripto y autoridades oficiales.
“Escuchamos las conferencias de Daniel Vítolo apenas asumió como inspector general y siempre habla de la importancia de modernizar, de tener agilidad para los negocios, siempre resguardando la transparencia y la seguridad. Esto era eso, salir de lo tradicional, del papel. Nos pareció que era el momento propicio por la necesidad de traer inversiones, con esta nueva perspectiva de gente que entiende la materia y con la mentalidad amplia de buscar lo que te exige el comercio hoy en día”, comentó Pablo Palazzi, socio de Allende & Brea.
Después de tres meses de trabajo entre el sector público y privado, se emitió la Resolución General IGJ 15/2024, que permite expresamente la integración de aportes en la constitución de sociedades y aumentos de capital con activos virtuales y criptomonedas. “En el entendimiento de que este mecanismo puede ofrecer oportunidades de crecimiento, eficiencia y seguridad en el mundo empresarial”, explicó el texto oficial publicado en el Boletín Oficial.
Según la nueva normativa, los aportes en activos digitales deben detallar el tipo, cantidad y valor de los activos virtuales aportados. Además, los fondos deben estar depositados en una plataforma o billetera virtual listada en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), creado este año por la Comisión Nacional de Valores (CNV). También se requiere una certificación del valor de las criptomonedas aportadas emitida por un contador público, entre otras condiciones.
Esta semana se elaboró el primer acta de un aporte de capital, donde uno de los socios aportó 0.00457621 bitcoins, equivalentes a aproximadamente USD 302 según la cotización actual de USD 66.011, y 195 USDC, que representan USD 195.
Estos fondos, depositados inicialmente en la billetera cripto Lemon Cash, fueron transferidos a la billetera cripto de la empresa registrada como sociedad “en formación” en la plataforma Ripio.
El sector privado ha recibido con entusiasmo la nueva reglamentación. Permite atraer capital extranjero sin necesidad de convertir dólares a la cotización oficial ($926), sino al valor de mercado de las criptomonedas. Además, las transferencias son inmediatas y las criptomonedas cotizan las 24 horas del día, los siete días de la semana.
“Esta medida no solo impulsa el desarrollo del ecosistema cripto, al introducir un nuevo sistema de adopción, sino que también fomenta un ambiente seguro y confiable para la inversión y operación con activos digitales. A partir del dictado de la Ley 27.739, los PSAV tienen un rol fundamental en el sistema de prevención de lavado de activos. Ahora, con la modificación introducida por IGJ, también se constituyen en un medio para garantizar la intangibilidad del capital social”, opinó Delfina Hermansson, legal manager en Lemon.
