La Secretaría de Comercio eliminó regulaciones que controlaban a las empresas

El Gobierno ha derogado tres nuevas resoluciones relacionadas con el control de precios, el abastecimiento y los requerimientos de información o cumplimiento.

La Secretaría de Comercio, dirigida por Pablo Lavigne y dependiente del Ministerio de Economía, ha señalado que la medida tiene como propósito la “desburocratización y simplificación”. 

Además, se argumenta que la información requerida “no se utilizaba para ningún fin razonable, no tenían utilidad para el desarrollo de políticas públicas y significaban un costo adicional de recursos para las empresas”. La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial, mediante la Resolución 226/2024.

Qué normativas fueron derogadas y por qué razones

Resolución N° 65 de 1990: Esta norma imponía obligaciones relacionadas con un régimen informativo sobre clientes, ventas y producción. “Tales lineamientos de control de precios y/o abastecimiento, son contrarios a las medidas propiciadas por la actual administración nacional que tiene como objetivo la libertad de los actores intervinientes en las relaciones de consumo del mercado interno”.

Resolución N° 62 de 2013: Establecía que los proveedores de materiales de construcción que desearan canjear CEDIN, creados bajo la Ley 26.860, debían registrarse en un Registro de Proveedores de Materiales para la Construcción. “Esta medida resulta ineficaz e innecesaria en relación al actual contexto de las transacciones comerciales”.

Resolución N° 176 de 2014: Fue emitida para exigir a las prestadoras de servicios de comunicaciones móviles que informaran mensualmente sobre todos los planes ofrecidos. 

“Tal medida aborda aspectos relacionados con la regulación y supervisión de servicios de comunicación, las cuales son atribuciones exclusivas de la correspondiente autoridad de aplicación de la materia. Por lo tanto, no corresponde al ámbito de la Secretaría de Comercio impulsar políticas de control de precios de planes servicios de comunicaciones móviles”.

Según la Secretaría, estas medidas promovían un “rol estatal intervencionista”. “La eliminación de estas resoluciones reduce la burocracia estatal y simplifica los vínculos entre las empresas y la administración pública. Elimina también el control abusivo por parte del Estado de las decisiones comerciales de cada empresa. Las tres resoluciones derogadas se suman a las 69 normas eliminadas por el Gobierno que obstaculizaban las relaciones entre las empresas y el Estado”, explicaron.