El Gobierno avanza en la negociación de la reforma laboral con sindicatos y empresarios
La propuesta incluye medidas como la fragmentación de vacaciones, un banco de horas y estímulos fiscales para fomentar nuevas contrataciones, en busca de modernizar las relaciones laborales y reducir los costos del trabajo.
El Gobierno de Mendoza, a través de la Secretaría de Trabajo, está buscando consensuar con empresarios y sindicatos un proyecto de ley que modernice las relaciones laborales. El proyecto tiene como base la iniciativa “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, presentada por la diputada Romina Diez del bloque La Libertad Avanza (LLA), junto con otros 14 coautores, entre ellos José Luis Espert y Gabriel Bornoroni, presidente del bloque oficialista en la cámara baja.
El objetivo del presidente Javier Milei es avanzar rápidamente con reformas estructurales, y se aspira a que la modernización laboral sea sancionada en el primer semestre del año. Aunque Milei niega públicamente que el tipo de cambio esté atrasado, en privado reconoce que la apreciación del peso está presionando la competitividad de las empresas locales, particularmente de las pymes. Este contexto hace que el Gobierno considere necesario reducir los costos laborales en Argentina.
Una vez resuelta la reforma laboral, se planea enviar al Congreso una reforma al régimen previsional. El proyecto de Diez, que se centra en la “Modernización Laboral”, propone modificaciones a la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, con el objetivo de flexibilizar algunos aspectos clave.
Uno de los cambios propone la posibilidad de que ciertas condiciones acordadas entre las partes o por costumbre, que superen los mínimos establecidos por la ley o los convenios colectivos, puedan ser renunciables por el trabajador. Esto afectaría la “irrenunciabilidad” de los derechos previstos en la ley.
El proyecto también plantea la modificación del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que permitiría a los empleadores introducir cambios en las modalidades de trabajo siempre que no afecten gravemente los derechos del trabajador. Si se implementan cambios que violen estas condiciones, el trabajador tendría la opción de considerarse despedido sin causa.
Otro aspecto relevante es la flexibilización de beneficios sociales para trabajadores, tales como alimentación, gastos médicos, ropa de trabajo y capacitación. También se busca mejorar el sistema de pagos, promoviendo modalidades electrónicas y nuevas regulaciones para el registro y conservación de los recibos de sueldo. En cuanto a las vacaciones, se propone mayor flexibilidad en su otorgamiento, permitiendo la fragmentación en períodos no menores a una semana.
El proyecto introduce la posibilidad de implementar sistemas de banco de horas y otros esquemas flexibles, sujetos a convenios colectivos, y también establece nuevas reglas para el manejo de enfermedades o accidentes, garantizando el salario durante la incapacidad y especificando el procedimiento para la certificación médica.
En cuanto a la Ley de Trabajo Agrario, también se plantea una “modernización” que incluirá incentivos al empleo. Entre los cambios, se contempla la creación de bonos de crédito fiscal para nuevas contrataciones, que variarán según el tamaño de la empresa (microempresas: 100%, pequeñas: 75%, medianas: 50% y grandes: 25%).
Además, se propone una suspensión paulatina de planes de asistencia social para quienes ingresen al empleo formal, así como la bonificación del 100% en contribuciones patronales para nuevos empleados provenientes del sector público (con algunas exclusiones para cargos jerárquicos).
Este proyecto busca mejorar la competitividad y generar un entorno favorable para la creación de empleo, aunque también genera controversia por la flexibilización de derechos laborales.
