La Unión Europea podrá registrar y censurar transacciones de bitcoin
En el marco de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el Parlamento Europeo aprobó una normativa para que las empresas de criptoactivos mejoren los controles de identidad.
El Parlamento Europeo anunció la aprobación de nuevas leyes que otorgan más poder a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de la UE para “analizar y detectar” casos de crímenes financieros, así como para censurar y suspender transacciones sospechosas.
Según el organismo legislativo, estas normativas establecen la creación de la Autoridad de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (AMLA), con sede en Fráncfort, Alemania.
La AMLA, según indicaron, “se encargará de supervisar directamente a las entidades financieras de mayor riesgo, intervenir en caso de fallos de supervisión, actuar como centro de coordinación para los supervisores y mediar en los litigios entre ellos. También supervisará la aplicación de sanciones financieras específicas”.
En general, las nuevas normativas obligan a entidades como empresas de criptomonedas, bancos, gestores de activos y agentes inmobiliarios, a notificar actividades sospechosas a las UIF y otras autoridades competentes.
Además, las leyes refuerzan la vigilancia de personas “extremadamente ricas”, , es decir, aquellas cuyo patrimonio alcance los 50 millones de euros. Para ello, según explica el Europarlamento, se establecerá un límite de 10.000 euros para pagos en efectivo. También se añaden medidas “para garantizar el cumplimiento de sanciones financieras específicas y evitar la elusión de las sanciones”.
El paquete de normativas se suman a otras leyes de la UE orientadas al ecosistema de bitcoin y las criptomonedas, como la normativa DAC8, aprobada en octubre de 2023, que obliga a los exchanges de criptoactivos a informar sobre las transacciones realizadas.
Otro ejemplo es la Ley de Mercado de Criptoactivos (MiCA), que entrará en vigencia en el 2025 y establece la creación de un registro de empresas de criptomonedas, las cuales deberán someterse a consultas de las autoridades competentes en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Aunque las nuevas normativas han sido aprobadas oficialmente, aún falta la evaluación del Consejo de la UE antes de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea para que entren en vigencia.
